Por Santiago Escobar, abogado
Un 69,8% de los ciudadanos confía menos en las instituciones que hace 5 años. El 67,9% no está satisfecho con el resultado de sus gestiones personales ante ellas. Solo un 21,8 % dice que el Ministerio Público lo hace bien, un 50,7% dice que lo hace mal, y un 60,9% dice que los fiscales están más preocupados de los escándalos políticos que de la criminalidad.
Las cifras están ahí, para juntarse al aumento de la violencia y criminalidad. Junto con la percepción del riesgo de indefensión física y jurídica, está el de la desgracia sobre el patrimonio propio, por escaso que sea, por obra de la naturaleza o la mala intención criminal. Y en ello se hace evidente que las instituciones de la seguridad, la fe pública y la confianza ciudadana, ya funcionan como entidades zombis de la democracia. Con desesperanza y sin la voluntad ni la capacidad correctiva y autocorrectiva legal y práctica de que están dotadas o para lo que fueron creadas. Ello, hace que Chile funcione en apariencia como una sociedad moderna y de libre competencia, pero en realidad tenga un sustrato mágico como el de las sociedades primitivas, cuyo pulso real de poder lo ejerce un brujo oscuro, como autoridad discrecional por fuera de la racionalidad legal.
Instituciones como el Ministerio Público están funcionando en el borde mínimo de las garantías constitucionales. La regla es someter a la sociedad a investigación criminal como amenaza, según un interés particular. Hoy, toda la geografía política del poder en el país está amenazada de investigación, no sobre sus actos colectivos y legales sino por causa de un interés oculto de grupos de poder que racionalizan sus ambiciones bajo disfraz de legalidad.
Es obligación del ministerio Público investigar cuando de manera tan evidente como hoy bandas de funcionarios inescrupulosos profitan de las arcas públicas en beneficio propio. Pero ello se hace bajo reglas de igualdad ante la ley, apoliticidad y no discriminación arbitraria. Sus resultados se corroboran de manera medibles y con la aplicación de justicia y reparación a través de tribunales. Son muchos los casos que generan la percepción de una fe pública aproximándose a un exitus letalis, tanto por lo actuado por el Ministerio Público como por los tribunales a la hora de resolver con justicia y legalidad los casos. Esa inercia de descontrol es parte de la crisis de seguridad humana que permite que se despoje a los ciudadanos de sus derechos patrimoniales e incluso su vida.
La CAPJ, un ejemplo de indolencia en materia de fe pública
En años recientes, en el núcleo central del poder judicial han ocurrido hechos fuera de control, que resultan inexplicables. Tal es el caso de actuaciones de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, CAPJ, cuyo director nacional -Luis Ricardo Guzmán Sanza- fue sindicado en el año 2016 de haber incurrido en inexactitudes graves en su declaración de formación académica profesional.
Ese año, en medio de un conflicto por acoso laboral en su contra, quedó en evidencia que su declaración de poseer estudios de doctorado en una universidad belga, convalidado en la Universidad de Chile, no era auténtico. La Université Libre des Sciences de l´Entreprise at des Technologies de Bruxelles, Ulsetb, que luego pasó a llamarse Liber Universitas Negotiorum Scientiarum et Technicarum Disciplinarum Bruxellae, donde se habría doctorado Ricardo Guzmán, no tenían ninguna acreditación académica en ese país europeo. A su vez, Escuela de Gestión Europea, EGEU, intermediaria de sus títulos, desapareció. El rastro dejado en su página web fue que el doctorado tenía dos años de duración y costaban 8 mil euros.
Esos títulos sin validez fueron presentados y convalidados por la Universidad de Chile, única entidad autorizada para hacer ese trámite en el país. Pero luego, cuando el engaño quedó en evidencia por los problemas laborales en la CAPJ, las autoridades belgas fueron consultadas legalmente y negaron la validez de esos títulos de doctorado. En septiembre de ese año la U de Chile, a su vez, invalidó el título de “Doctor of Business Administration” de la Universidad de Ulsetb y el de Doctor en Administración de Empresas de la Universidad de Chile, de Ricardo Guzmán Sanza, homologado teniendo como base el anterior. La explicación fue que “Dicho reconocimiento se efectuó sobre la base de documentos legalizados por la vía diplomática y autorizados por funcionarios públicos desde Bélgica”. Lo que era una simulación pues la Ulsetb nunca tuvo reconocimiento académico en Bélgica, y el Decreto Real N°15223 de mayo de 2006 mediante el cual supuestamente había sido creada nunca pudo ser encontrado en el Diario Oficial Nacional de Bélgica. El tema, además de Guzmán Sanza, tenía a otro alto funcionario de la CAPJ en la misma situación, ampliamente descritos en sendos reportajes del diario electrónico El Mostrador.
La alarma pública obligó al Consejo de Defensa del Estado a solicitar una investigación al Ministerio Público, que se derivó a la Fiscalía Centro Norte donde quedó en manos de la fiscal Ximena Chong, quien habría archivado el caso sin ningún resultado. Ello, pese a la evidencia de que existía una eventual cadena delictiva para exhibir títulos falsos y posiblemente defraudar al Estado de Chile con ellos. Y que la convalidación de la Universidad de Chile se hizo sin fundamentos, pues a la fecha de ella no estaba funcionando ese grado en el país.
La Corte Suprema, órgano superior de la CAPJ no tomó ninguna acción interna. Al ser consultada declaró que en cuanto a los funcionarios implicados ellos “cumplían con los requisitos para los cargos que ejercían. Nunca tomó acción alguna frente a la eventualidad de un engaño generalizado con implicaciones delictuales, de funcionarios propios involucrados, entre los que se encontraba el director nacional de la CAPJ, todavía en el cargo y otro alto funcionario de la misma entidad.
La CAPJ administra todo el presupuesto del Poder Judicial, el que no tiene por disposición constitucional control de auditoría pública. A ella la dirige una comisión de 5 miembros de la Corte Suprema que se turnan en su composición, pero en la cual está siempre quien ejerce la Presidencia del tribunal. La CAPJ es el organismo encargado de dar garantía de intangibilidad, veracidad y transparencia del mecanismo de distribución de causas en los tribunales, que en el nuevo sistema es un algoritmo, que hipotéticamente no podría ser manipulado. Este es el corazón de la igualdad ante la ley en Chile, y previene el fórum shopping (elección de tribunal por ciudadanos poderosos). Pero tiene desde hace tiempo querellas criminales por “la eventual manipulación” en la selección de un mismo tribunal para dos causas no conexas en su contenido pero que el algoritmo de distribución de la CAPJ transformó en hermanas bastardas, por referirse a un tema similar, tener un mismo estudio de abogados en una y otra actuando, y caer en su distribución en un mismo tribunal, lo que equivale a encontrar “una aguja en un pajar”.
Se trata de la quiebra del proyecto inmobiliario Curauma del empresario Manuel Cruzat Infante como damnificado de un iter legal insólito de resoluciones judiciales que entrelazadas provocan, por así decirlo, una parálisis y un despojo de derechos como resultado legal para ese empresario. La otra, es la insolvencia de LATAM que el algoritmo “depositó” en el mismo tribunal que ve la causa anterior pero donde el comportamiento de las autoridades judiciales fue totalmente diferente, lo que obligó a uno de los perjudicados, Jorge Said, a actuar una querella.
Ambas, debieran ser nuevamente investigadas a fondo por el Ministerio Público pues la eventual manipulación del algoritmo es un interés esencial del sistema jurídico chileno y la garantía constitucional de igualdad ante la ley. Sin embargo, no ha sido así. Más aún, las omisiones y opacidad de Guzmán Sanza en sus respuestas de información técnica del algoritmo al Tribunal, y la pereza del Ministerio Público para investigar los hechos, urden un escenario de indiferencia casi intencional, que comparada con la importancia del tema, produce una percepción inquietante y plausible de que existiría un mecanismo de corrupción, que no se intenta develar o descartar de manera estricta.
En tales circunstancias la pregunta es si un servicio como la CAPJ, tan importante para el funcionamiento del poder jurisdiccional, que depende directamente de la Corte Suprema, y con todos los antecedentes descritos más arriba, puede pasar inadvertido en sus omisiones o yerros, y evitar a una auditoría acuciosa de sus actuaciones como hasta ahora ha ocurrido. Y, en segundo lugar, si el inaudito historial de lesiones a la fe pública la hace al menos sospechosa de que una de sus principales responsabilidades, el funcionamiento del algoritmo de distribución de causas, debe ser investigado a fondo por el Ministerio Público, para determinar su veracidad. Si ello no ocurre, la justicia tiene el riesgo de constituirse solo en una apariencia, y de ahí a su denegación de justicia hay un trecho demasiado corto. Algo de esto afecta a Manuel Cruzat Infante.
fuente: https://desenfoque.cl/2024/02/06/crisis-de-seguridad-y-confianza-en-las-instituciones/
