La idea de que el desastre de ciberseguridad que experimenta el pa\u00eds proviene del descuido, la falta de control y la mala planificaci\u00f3n de las instituciones hackeadas, tiene mucho fundamento. Un caso paradojal es el Poder Judicial. Tanto el sistema de \u00f3rganos que lo componen como la funci\u00f3n principal que desarrolla, esto es la administraci\u00f3n de justicia, han experimentado fallas y violaciones, generando solo dudas sobre su funcionamiento y pocas respuestas satisfactorias.<\/p>\n\n\n\n
Lo anterior es grave, puesto que en los \u00faltimos episodios de intrusi\u00f3n externa vividos hace un par de semanas, las explicaciones entregadas por sus organismos superiores, esto es la Corte Suprema a trav\u00e9s de la vocera Angela Vivanco, y la Corporaci\u00f3n Administrativa del Poder Judicial a trav\u00e9s de su Director Nacional (S) Zvonimir Korporcic han sido incompletas y poco claras.<\/p>\n\n\n\n
Se supone que el Poder Judicial, que lleva a\u00f1os en un proceso de renovaci\u00f3n f\u00edsica y de procedimientos, debiera haber implementado desarrollos digitales adecuados. Sobre todo porque su renovaci\u00f3n ha implicado la construcci\u00f3n de cientos de miles de metros cuadrados de edificios para habilitar nuevos tribunales y los nuevos procedimientos judiciales, reforzando los procesos y funcionamientos de justicia en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
Lamentablemente, el sistema aparece de tanto en tanto, contaminado de software obsoletos y porosidades administrativas con riesgo de manipulaci\u00f3n externa, sin que nadie haya auditado los procesos para certificar la calidad y aptitud de sus servicios digitales y sus plataformas, los que deben servir cada vez en mayor cantidad a demandas cada vez m\u00e1s complejas. De tal manera que la garant\u00eda de juicios imparciales o de debido proceso en un Poder Judicial que apunta de manera integral a la digitalizaci\u00f3n no es segura, lo que lesiona -todav\u00eda de manera difusa pero evidente- garant\u00edas constitucionales de igualdad frente a la ley.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente fueron hackeados computadores con sistema Windows 7, y el funcionamiento de un n\u00famero importante de tribunales estuvo paralizado casi 24 horas, y sigui\u00f3 con problemas intermitentes por m\u00e1s de dos d\u00edas. El hecho fue minimizado por las explicaciones dadas tanto por Angela Vivanco como por el director subrogante de la CAPJ,<\/p>\n\n\n\n
Ambos personeros, y luego un escueto comunicado de Prensa del 6 de octubre indicaron que se trataba de un virus que afect\u00f3 150 computadores con sistemas operativos antiguos; que se pudo controlar el hecho por una detecci\u00f3n temprana del sistema inform\u00e1tico; y, que el \u201cincidente sigui\u00f3 par\u00e1metros similares a los sufridos por otras instituciones en Chile y en el extranjero\u201d. La respuesta sobre el porqu\u00e9 de uso de equipos obsoletos, fue que era un problema de insuficiencia de recursos financieros. La verdad es que se trataba de equipos funcionando con un sistema que no tiene ya actualizaciones y que en enero del pr\u00f3ximo a\u00f1o caducar\u00e1 definitivamente. Esto se sab\u00eda desde el 2020. (Ver columna de Javier C\u00e1rdenas. Desenfoque. 6 de octubre<\/strong>)<\/a><\/p>\n\n\n\n El Sistema Digital de Distribuci\u00f3n de Causas<\/strong><\/p>\n\n\n\n Pero el problema parece ser mucho m\u00e1s de fondo. El Poder Judicial ha sido interpelado en m\u00e1s de una oportunidad por eventuales irregularidades en el Sistema de Distribuci\u00f3n de Causas Civiles consistentes en manipulaci\u00f3n por fuera de los algoritmos para determinar una distribuci\u00f3n. El sistema debe resguardar la imparcialidad en la designaci\u00f3n de tribunales, jueces y otros integrantes auxiliares del Poder Judicial. La Corte Suprema ha investigado, aunque solo superficialmente, la posibilidad que el sistema pudiera manipularse alterando, sustituyendo o anulando el algoritmo, para provocar que se asigne a un tribunal espec\u00edfico. Ello tanto desde el propio Sistema Inform\u00e1tico como desde fuera de \u00e9l, como ocurri\u00f3 el a\u00f1o 2007 con el denominado \u201cdivorcio express\u201d. Pero no se conocen resultados de esa investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En marzo de 2022, la Corte Suprema recibi\u00f3 una petici\u00f3n fundada para que se realizara una Auditoria Inform\u00e1tica a fin de despejar la eventual manipulaci\u00f3n en dos causas de alta connotaci\u00f3n p\u00fablica: la quiebra de Curauma S.A. rol 13.913-2013; y la Insolvencia de Latam Airlines (tambi\u00e9n conocida por un Tribunal en Nueva York) rol 8553-2020. Ambas entregadas al conocimiento del Segundo Juzgado Civil de Santiago.<\/p>\n\n\n\n Los solicitantes argumentaron que de acuerdo a los datos p\u00fablicos de juicios en el sistema, analizados mediante procedimientos de Big Data por la empresa Smart Analytics, y contrastados con las variables del algoritmo de distribuci\u00f3n de causas, deber\u00edan haber sido entregadas a otros tribunales (6\u00b0 la Quiebra de Curauma, y el 15\u00b0 la Insolvencia de Latam). Las probabilidades estad\u00edsticas hacen casi imposible que ambas cayeran en un mismo tribunal. Si se considera que los abogados que representan los intereses de Latam Airlines en ese juicio son los mismos que participaron en la Quiebra Curauma S.S. representando los Intereses de EuroAmerica Seguros de Vida S.A (Crist\u00f3bal Eyzaguirre y Jos\u00e9 Miguel Huerta); y que los juicios obedecen a materias similares, se llega a la conclusi\u00f3n que existe una coincidencia en torno a tres materias relevantes: casos de connotaci\u00f3n p\u00fablica, mismo tribunal y mismos abogados, que justifican la solicitud.<\/p>\n\n\n\n No obstante la solidez de los antecedentes y argumentos, la Corte Suprema decidi\u00f3, en Julio de 2022, negar la solicitud de Auditoria Inform\u00e1tica externa para los juicios mencionados.<\/p>\n\n\n\n Lo inquietante es que los datos entregados en las respuestas de la Corporaci\u00f3n Administrativa del Poder Judicial (OFI 8AJ N\u00ba 247, de fecha 23 de mayo 2022; y OFI 8AJ N\u00ba 3474, de fecha 15 de julio 2022) las que sirven de fundamento a la respuesta de la Corte Suprema, clarifican hechos graves y preocupantes para la salud de la justicia en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n El primero es que el Sistema Inform\u00e1tico de Distribuci\u00f3n de Causas que se aplica se basa en un requerimiento del Poder Judicial a un proveedor externo, Disc Ltda, que ya no existe, y que data de 1997. Segundo, que la Ley de Tramitaci\u00f3n Electr\u00f3nica de 2016 oblig\u00f3 a adecuar el mecanismo y se hizo internamente, para que las demandas sean distribuidas por un m\u00e9todo aleatorio con requerimientos establecidos a lo largo de la historia por las distintas Cortes de Apelaciones<\/strong> (sic), con un criterio de menor n\u00famero de ingresos. Tercero, \u201cExiste un protocolo interno, un Manual de Procedimiento denominado Desarrollo de Proyectos Inform\u00e1ticos\u201d, de car\u00e1cter general para todo tipo de requerimientos. Pero no existe un archivo de los procedimientos de testeos para saber si el o los algoritmos son los adecuados para su funci\u00f3n<\/strong>. Ello porque ese procedimiento se hizo el a\u00f1o 1997, sin que exista documentaci\u00f3n de respaldo, y la CAPJ elimina la documentaci\u00f3n que tenga m\u00e1s de 10 a\u00f1os de antig\u00fcedad<\/strong>. \u00bfQui\u00e9n le pone el cascabel al gato?<\/p>\n\n\n\n