Bajo el n\u00famero P-2379-22 fue registrada el 15 de diciembre la denuncia que hizo Manuel Cruzat Infante ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado chileno por la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales. <\/p>\n\n\n\n
El creador de un imperio econ\u00f3mico desintegrado en los a\u00f1os \u201880 y fundador de la ciudad Curauma en Valpara\u00edso, recurri\u00f3 ante el organismo con sede en San Jos\u00e9, Costa Rica, explicando que Curauma S.A inici\u00f3 un proceso de quiebra en diciembre de 2013, proceso en el cual se aprob\u00f3 rematar el Lote CS-M Uno A, uno de los activos m\u00e1s valiosos de la sociedad, cuyo valor se calcula en m\u00e1s de US$ 44 millones. <\/strong><\/p>\n\n\n\n Pero en octubre del a\u00f1o pasado el terreno sali\u00f3 a remate por un m\u00ednimo de US$ 7 millones, oponi\u00e9ndose los abogados de Cruzat, pero perdiendo en distintos tribunales. De todas formas, el precio sigui\u00f3 bajando hasta una apuesta m\u00ednima de US$ 4 millones este a\u00f1o. <\/p>\n\n\n\n \u201cSi el derecho de propiedad existe como condici\u00f3n esencial de una rep\u00fablica democr\u00e1tica que respete los derechos humanos, a fin de repartir equitativamente en la poblaci\u00f3n los r\u00e9ditos del desarrollo econ\u00f3mico, luego su vulneraci\u00f3n (implicando virtualmente la extinci\u00f3n de la propiedad al permitirse la venta forzada devastando las garant\u00edas del justo precio)<\/strong> ha permitido fijar (en el caso objeto de esta petici\u00f3n, a trav\u00e9s del aparato jurisdiccional estatal) un est\u00e1ndar de precio a\u00fan m\u00e1s bajo que el de las expropiaciones de la reforma agraria (que es justamente el que la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos ha pretendido evitar para el caso de Chile)\u201d, indica la demanda de 11 p\u00e1ginas ingresada. <\/p>\n\n\n\n \u201cLas resoluciones que ha rebajado el m\u00ednimo para la subasta en un 90% el valor real del bien, sin considerar haber o\u00eddo previamente a la fallida, sin que las resoluciones contengan una motivaci\u00f3n que justifique la resoluci\u00f3n jurisdiccional que afecta el patrimonio de los acreedores y de la fallida, vulnera los siguientes derechos humanos de la v\u00edctima\u201d, agrega la petici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Y enumera una serie de violaciones a los derechos humanos, tales como el derecho a la garant\u00eda de una debida motivaci\u00f3n y sin discriminaci\u00f3n para la decisi\u00f3n de un \u00f3rgano estatal; la garant\u00eda del libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convenci\u00f3n a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicci\u00f3n; como tambi\u00e9n el Derecho a un recurso id\u00f3neo, efectivo, accesible, sencillo y eficaz. <\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n el derecho a la propiedad privada en relaci\u00f3n a la garant\u00eda del \u201cjusto precio\u201d, as\u00ed como el derecho a igual protecci\u00f3n de la ley, al desarrollo progresivo de los derechos econ\u00f3micos, sociales y culturales, entre otros. <\/strong><\/p>\n\n\n\n La petici\u00f3n ahora debe ser evaluada por la Corte internacional y decidir si abrir un caso contra el Estado de Chile y c\u00f3mo se desarrollar\u00e1 el caso. <\/p>\n\n\n\n Quien representa al empresario ante la instancia dependiente de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA) es la abogada J\u00e9sica Torres, del estudio Torres & Maisto.<\/p>\n\n\n\n