{"id":3907,"date":"2024-08-14T11:24:16","date_gmt":"2024-08-14T11:24:16","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevo.cb.cl\/?p=3907"},"modified":"2026-01-18T14:49:44","modified_gmt":"2026-01-18T14:49:44","slug":"las-graves-consecuencias-de-manipular-la-justicia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevo.cb.cl\/?p=3907","title":{"rendered":"Las graves consecuencias de manipular la justicia"},"content":{"rendered":"\n

Versi\u00f3n en ingl\u00e9s<\/a><\/p>\n\n\n\n

El desprestigio creciente del Poder Judicial en Chile tiene su base en sucesivas denuncias sobre tr\u00e1fico de influencias y otras pr\u00e1cticas de corrupci\u00f3n. En detallada columna para #CIPER, un abogado denuncia el caso particular de la Corporaci\u00f3n Administrativa del Poder Judicial, cuyo algoritmo de distribuci\u00f3n de causas estar\u00eda siendo manipulado: \u00abRequerida de explicaciones, la CAPJ se ha enredado en sus respuestas durante meses, respondiendo de manera incompleta e insatisfactoria, cayendo en contradicciones y aumentando la desconfianza en la integridad del sistema.\u00bb<\/p>\n\n\n\n

Las crisis pol\u00edticas en Chile son mayoritariamente institucionales, y solo excepcionalmente se transforman en crisis sociales que desestabilizan el Estado. Generalmente, estas crisis surgen porque el problema principal no se enfrenta con decisiones pol\u00edticas adecuadas desde el v\u00e9rtice superior del Estado, como ocurre hoy con el Poder Judicial y la Corte Suprema, cuya crisis tiene un doble car\u00e1cter: es org\u00e1nica dentro del Poder Judicial y afecta el funcionamiento general de todo el sistema.<\/p>\n\n\n\n

Se requiere de una soluci\u00f3n integral que necesariamente involucra al gobierno y al Parlamento. Una evoluci\u00f3n negativa de este proceso puede disolver la poca confianza ciudadana que queda en el sistema de Justicia, y generar tendencias hacia soluciones de autotutela que afectar\u00edan gravemente la legitimidad del Estado de Derecho. Seg\u00fan la m\u00e1s reciente Encuesta Nacional Signos, el 90,3% de los encuestados opina que hay tr\u00e1fico de influencias en la Corte Suprema; el 96,5% cree que los jueces deber\u00edan estar sujetos a la Ley de Lobby, como otros funcionarios p\u00fablicos; y el 94,5% considera necesario cambiar el procedimiento de designaci\u00f3n de los jueces y de la Corte Suprema. Encuestas previas de esa misma consultora indican que m\u00e1s del 60% de los ciudadanos conf\u00edan menos en las instituciones que hace cinco a\u00f1os, as\u00ed como que existe una marcada percepci\u00f3n de corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Esta desconfianza proviene de una acumulaci\u00f3n de problemas internos que afectan la imagen p\u00fablica del Poder Judicial, y del error pol\u00edtico de tratar de encapsularlos como cuestiones parciales sin trascendencia para su reputaci\u00f3n. Es notorio el descuido de control funcional por parte de la Corte Suprema, tanto en su funcionamiento colegiado como en sus sistemas auxiliares, que en la crisis operan con discrecionalidad de facto y sin responsabilidad por sus acciones u omisiones. Un caso extremo es el de la Corporaci\u00f3n Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), encargada del soporte log\u00edstico, t\u00e9cnico y administrativo del funcionamiento de las salas judiciales, que maneja el algoritmo de distribuci\u00f3n de causas civiles, uno de los aspectos fundamentales de la igualdad ciudadana ante la ley. Esta distribuci\u00f3n ha sido cuestionada en varias oportunidades sin respuestas satisfactorias por parte del m\u00e1ximo tribunal.<\/p>\n\n\n\n

LA CAPJ Y LA FE P\u00daBLICA<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Los antecedentes de la CAPJ son paradigm\u00e1ticos del descontrol. Su director nacional, Ricardo Guzm\u00e1n Sanza (actualmente en situaci\u00f3n indeterminada, debido a un sumario interno por una compra multimillonaria de autos Lexus para los ministros de la Corte Suprema), fue acusado en 2016 de inexactitudes graves sobre su formaci\u00f3n profesional. Guzm\u00e1n afirm\u00f3 tener estudios de doctorado en una universidad belga, convalidados por la Universidad de Chile. Sin embargo, el t\u00edtulo result\u00f3 ser falso, ya que la Universit\u00e9 Libre des Sciences de l\u2019Entreprise et des Technologies de Bruxelles (Ulsetb), lugar donde supuestamente realiz\u00f3 el doctorado, nunca estuvo acreditada en B\u00e9lgica. El Decreto Real n\u00b015223 de mayo de 2006, que supuestamente autoriz\u00f3 su creaci\u00f3n, no existe en el Diario Oficial de B\u00e9lgica. La Escuela de Gesti\u00f3n Europea (EGEU) en Chile, que actu\u00f3 como intermediaria del t\u00edtulo, desapareci\u00f3 poco despu\u00e9s de la denuncia, y la Universidad de Chile anul\u00f3 la convalidaci\u00f3n. Todo esto fue documentado en un extenso reportaje hace ocho a\u00f1os, el cual qued\u00f3 radicado meses despu\u00e9s en la Fiscal\u00eda Centro Norte (en manos de la fiscal Ximena Chong), aunque sin resultados conocidos.<\/p>\n\n\n\n

Recientemente han surgido evidencias de que el algoritmo de distribuci\u00f3n de causas del Poder Judicial, manejado por la CAPJ, ha sido manipulado para seleccionar ilegalmente tribunales que aseguren resultados favorables (forum shopping). Entre estos casos est\u00e1n la quiebra de Curauma S.A. y la insolvencia transfronteriza de LATAM (ambos en el 2\u00ba Juzgado Civil de Santiago); la inscripci\u00f3n fraudulenta de camiones usados ordenada por el 28\u00ba Juzgado Civil de Santiago al Registro Civil; y el despojo de una propiedad inmobiliaria en el norte del pa\u00eds. Estos casos, denunciados por las v\u00edctimas, han sido investigados como delitos de alta complejidad, pero con escasa voluntad y avance en el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n

La quiebra de Curauma y la insolvencia transfronteriza de LATAM son, posiblemente, los casos m\u00e1s complejos de entre los mencionados. Curiosamente, comparten el mismo tribunal, la misma jueza, el mismo tipo de causa y el mismo estudio de abogados (Claro y C\u00eda). Este \u00faltimo actu\u00f3 como abogado demandante por EuroAmerica S.A. en el caso de Curauma, y como abogado defensor de LATAM. En ambos casos, la aplicaci\u00f3n correcta del algoritmo, seg\u00fan los criterios explicados por la CAPJ, habr\u00eda resultado en tribunales diferentes.<\/p>\n\n\n\n

El de Curauma es un caso que se arrastra hace m\u00e1s de diez a\u00f1os, debido a la resistencia judicial del empresario Manuel Cruzat Infante. Est\u00e1 lleno de irregularidades administrativas, as\u00ed como de delitos concursales y financieros que habr\u00edan sido impedidos en cualquier tribunal neutral. En su desarrollo, se observa una omisi\u00f3n judicial sospechosa para paralizar maliciosamente un acuerdo de reorganizaci\u00f3n de deudas en un tribunal de Valpara\u00edso, y otra acci\u00f3n sospechosa para inducir una radicaci\u00f3n judicial artificiosa en Santiago mediante la manipulaci\u00f3n del algoritmo. Este manipul\u00f3 asign\u00f3 la quiebra al 2\u00ba Juzgado Civil, donde, actuando contra reloj, se nombr\u00f3 a un s\u00edndico y se cerr\u00f3 un n\u00facleo operativo concursal compuesto por EuroAmerica S.A. y sus abogados (Crist\u00f3bal Eyzaguirre y Jos\u00e9 Miguel Huerta, del Estudio Claro y C\u00eda), y la jueza Inelia Duran del 2\u00ba Juzgado, hoy Ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, seg\u00fan se desprende de los juicios y querellas en curso.<\/p>\n\n\n\n

El segundo caso, el de LATAM, es casi un clon jur\u00eddico de Curauma, con la misma materia de insolvencia, el mismo tribunal en Santiago, los mismos abogados Eyzaguirre y Huerta, y la misma jueza. La gesti\u00f3n de la jueza permiti\u00f3 a LATAM someterse al Cap\u00edtulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, reorganizando tranquilamente sus deudas, perjudicando a los acreedores minoritarios y evitando un juicio en Chile.<\/p>\n\n\n\n

Un tercer caso es la inscripci\u00f3n fraudulenta de 65 camiones armados ilegalmente con repuestos usados en Chile, ordenada por el 28\u00ba Juzgado Civil de Santiago en 2022. La jueza suplente Lilian Esther Lizana emiti\u00f3 fallos ordenando al Registro Civil inscribir los veh\u00edculos, a pesar de que la ley proh\u00edbe la importaci\u00f3n de camiones usados. Todas las causas fueron alegadas por el mismo abogado, Luis Eduardo Mu\u00f1oz Chacc, socio del abogado Cristi\u00e1n Mandujano Moreno, pareja de la mencionada jueza suplente. Estos veh\u00edculos, una vez inscritos y con permiso de circulaci\u00f3n, pudieron borrar su rastro en alguna flota ilegal, posiblemente destinados al robo de madera, transporte ilegal de salm\u00f3n o drogas, y otros robos.<\/p>\n\n\n\n

LA IDENTIDAD T\u00c9CNICA DEL ALGORITMO<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La supuesta eficiencia del algoritmo de distribuci\u00f3n de causas del Poder Judicial que maneja la CAPJ es cuestionable. Un algoritmo en inform\u00e1tica es un conjunto de pasos o instrucciones establecidas, ordenadas y delimitadas para solucionar un problema, hacer un c\u00e1lculo o llevar a cabo una tarea. Pero la informaci\u00f3n que la CAPJ nos ha proporcionado para describir lo que hace el algoritmo dise\u00f1ado para la distribuci\u00f3n de causas siempre es incompleta, confusa y llena de interrogantes y zonas oscuras. Eso debe investigarse, pues pone en juego el derecho constitucional de igualdad ante la ley y la probidad p\u00fablica en la administraci\u00f3n de justicia, adem\u00e1s de los intereses particulares de quienes se ven afectados directamente.<\/p>\n\n\n\n

Requerida de explicaciones como parte del proceso judicial, la CAPJ se ha enredado en sus respuestas durante meses, respondiendo de manera incompleta e insatisfactoria, cayendo en contradicciones y aumentando la desconfianza en la integridad del algoritmo. En 2023, en una respuesta oficial a un requerimiento judicial en el caso de Curauma, manifest\u00f3 de manera displicente:<\/p>\n\n\n\n

\u00abEn cuanto a las fuentes del sistema de Distribuci\u00f3n de demandas, se informa que no se tienen, por lo que no es posible referirse a la funci\u00f3n que se utiliz\u00f3 para efectuar la asignaci\u00f3n aleatoria.\u00bb [respuesta CAPJ, 2023].<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, de sus explicaciones se concluye que el sistema aplicado desde 2014 traspas\u00f3 el mismo algoritmo vigente antes de esa fecha al nuevo sistema. Adem\u00e1s, la base de datos del nuevo sistema es la misma desde 1997; es decir, una base ORACLE en lenguaje PL\/SQL. Se entiende, entonces, que si es la misma base de datos, con el mismo lenguaje de programaci\u00f3n y el mismo algoritmo, se trata de la misma f\u00f3rmula de asignaci\u00f3n aleatoria. El sistema vigente hasta 2013, cuando Curauma entr\u00f3 al juicio concursal, y el que opera desde 2014 se basan en los mismos principios para la asignaci\u00f3n de causas, resumidos en los siguientes pasos generales: (i) radicaci\u00f3n, si aplica; (ii) si no aplica la radicaci\u00f3n, se asigna la causa al tribunal con menor n\u00famero de ingresos en la misma categor\u00eda de la causa que se est\u00e1 asignando; (iii) si hay m\u00e1s de un tribunal con el menor n\u00famero de causas, la asignaci\u00f3n se hace aplicando un procedimiento aleatorio.<\/p>\n\n\n\n

En medio de sus explicaciones incompletas, la CAPJ mencion\u00f3 la existencia de un criterio adicional que anteced\u00eda al punto 3, que era asignar la causa en proceso a un tribunal con menos ingresos generales dentro del a\u00f1o, pero luego se retract\u00f3 diciendo que era un error y que nunca se hab\u00eda utilizado.<\/p>\n\n\n\n

Toda la informaci\u00f3n proporcionada por la CAPJ ha sido incompleta; no se sabe si es de elaboraci\u00f3n propia o es un componente del empaquetamiento tecnol\u00f3gico de un proveedor, cosa que facilitar\u00eda la auditor\u00eda del funcionamiento del mismo en los t\u00e9rminos de los contratos de compra respectivos. Si el procedimiento se ejecuta en lenguaje PL\/SQL de administraci\u00f3n de base de datos ORACLE desde antes de 2014, existir\u00eda una continuidad en los criterios para radicar y asignar causas, lo que resulta m\u00e1s importante para verificar su aplicaci\u00f3n, incluso en ausencia de la f\u00f3rmula espec\u00edfica de aleatorizaci\u00f3n utilizada.<\/p>\n\n\n\n

Sobre este caso consult\u00e9 personalmente a Roberto Melipill\u00e1n, PhD de la Universidad de Michigan y docente de la U. del Desarrollo, experto en lenguajes digitales y consultor habitual en este tema. Reproduzco a continuaci\u00f3n su descripci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n

\u00abEl c\u00f3digo PL\/SQL que usa la CAPJ determina una f\u00f3rmula de dos elementos: primero, la informaci\u00f3n de la hora, minutos y segundos en que el procedimiento computacional comienza a procesar una causa para su asignaci\u00f3n, donde hay que mirar principalmente los segundos por razones de proximidad temporal; y, segundo, el orden que se le asigna a los tribunales disponibles para recibir causas al momento de llevar a cabo la asignaci\u00f3n en proceso. Con eso, y solo un par de cosas m\u00e1s, es posible determinar si el programa ha sido o no intervenido de manera ilegal\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Esas \u00abcosas m\u00e1s\u00bb que se\u00f1ala no son tan simples, debido al hermetismo judicial que rodea el tema en la CAPJ. Pero, simplificando, implican, seg\u00fan el experto, que \u00absi se habla de un programa computacional de la CAPJ anterior a 2014, como el del caso de Curauma, hay que tener copias del c\u00f3digo, algo f\u00e1cil sea de elaboraci\u00f3n propia o adquirido, adem\u00e1s del procedimiento de asignaci\u00f3n aleatoria; copia de los registros de las tablas temporales generadas por el sistema inform\u00e1tico con las listas de los tribunales disponibles al momento de realizar la asignaci\u00f3n; el orden que ocupaba cada tribunal al momento de la asignaci\u00f3n; y, lo m\u00e1s importante, copia de los logs disponibles en los sistemas, con el registro de las operaciones computacionales relacionadas con las acciones anteriores y por el mismo per\u00edodo, o por el subper\u00edodo que exista\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Para aclarar, dice, los logs son archivos con informaci\u00f3n de eventos que ocurren en un sistema, que sirven para auditarlos y vienen desde hace mucho incorporados como funci\u00f3n autom\u00e1tica en todos los sistemas y que es lo que primero usan las empresas proveedoras para auditar o determinar interferencias externas. El tema puede parecer t\u00e9cnicamente complejo. Pero lo m\u00e1s complejo es no investigarlo a fondo, dejar su impacto al azar y sin determinar la brecha de seguridad y sus bordes criminales. Los impactos negativos de esa manipulaci\u00f3n podr\u00edan incluso repararse en casos particulares, pero su existencia ser\u00eda un golpe demoledor para la credibilidad de la justicia, el debido proceso, la reputaci\u00f3n del Estado de Derecho chileno y la seguridad nacional del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Frente a ello, al Ministerio P\u00fablico le cabe la tarea imperiosa de perseverar en sus investigaciones, por m\u00e1s dif\u00edcil que parezca, para generar transparencia y contribuir a una recta y equilibrada justicia en el pa\u00eds. Cuesti\u00f3n esencial para eliminar las brechas de omisi\u00f3n y falta de transparencia que en este y otros aspectos importantes aquejan el funcionamiento del sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: www.ciperchile.cl\/2024\/08\/12\/las-graves-consecuencias-de-manipular-la-justicia\/<\/a><\/p>\n