Una inserci\u00f3n pagada en la edici\u00f3n de El Mercurio de ayer domingo 15 de diciembre sobre la quiebra de Curauma S.A. llama poderosamente la atenci\u00f3n. Sin tapujos, se refiere a las fallas institucionales que afectan gravemente al sistema judicial chileno con eventual falta de probidad y comisi\u00f3n de delitos, algo que debe ser exhaustivamente investigado por el Ministerio P\u00fablico y la propia justicia.<\/p>\n\n\n\n
Se\u00f1ala el Inserto, firmado por Manuel Cruzat Infante, \u201cque la elecci\u00f3n del tribunal fue el comienzo de un grav\u00edsimo proceso de corrupci\u00f3n cuyos efectos contin\u00faan hasta hoy y en el que personas y entidades p\u00fablicas y privadas del m\u00e1s alto nivel del mundo legal y financiero han actuado por acci\u00f3n u omisi\u00f3n\u201d (*), refiri\u00e9ndose al hecho de que de acuerdo con el sistema de distribuci\u00f3n de causas correspond\u00eda que la quiebra se viera en el 6\u00b0Juzgado Civil y no el 2\u00b0.<\/p>\n\n\n\n
Pero sin perjuicio del tema espec\u00edfico de Curauma planteado en el Inserto y cuyo relato completo est\u00e1 en una demanda radicada en el 29 Juzgado Civil de Santiago Rol 13.995-2024, lo que se pone en tela de juicio es de importancia nacional. Es la indiferencia que las autoridades del pa\u00eds y la elite pol\u00edtica manifiestan sobre la seguridad jur\u00eddica y la igualdad ante la ley, debido proceso de por medio, como fundamentos esenciales de la libertad, los derechos civiles y las reglas del juego econ\u00f3mico en nuestra sociedad.<\/p>\n\n\n\n
La persistencia de hechos an\u00f3malos en torno al \u00e1mbito judicial, que tienen ya m\u00e1s de una d\u00e9cada, es lo que ha provocado la grave crisis de credibilidad y confianza que exhibe el Poder Judicial, en especial la Corte Suprema y su rol supervisor de los tribunales y servicios administrativos complementarios de la judicatura. Eso es particularmente notorio respecto de su brazo administrativo, la Corporaci\u00f3n Administrativa, CAPJ, sobre la cual se ciernen desde hace a\u00f1os serios cuestionamientos de transparencia y probidad. Pese a su dependencia directa de la Corte Suprema, esta nunca ha aceptado auditar de manera minuciosa y transparente lo que hace la CAPJ como subordinada.<\/p>\n\n\n\n
Por cierto, el problema en el pa\u00eds va m\u00e1s all\u00e1 de lo simplemente judicial y alcanza hoy de manera notoria tambi\u00e9n a los \u00f3rganos especializados del Estado encargados de generar \u201cfe p\u00fablica\u201d<\/strong>, en su mayor\u00eda aut\u00f3nomos pero relacionados con el Estado a trav\u00e9s del Ejecutivo en el ejercicio de sus competencias. Entre ellos las superintendencias, el SII, la Tesorer\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y otros. Todos necesarios para dar certidumbre a los magistrados y al funcionamiento de las salas judiciales cuando esa fe p\u00fablica<\/strong> es requerida como suposici\u00f3n de legalidad en un juicio.<\/p>\n\n\n\n Los planteamientos del Inserto sobre el caso Curauma, conllevan el aspecto m\u00e1s amplio de seguridad nacional que es de extrema gravedad: la eventual manipulaci\u00f3n de los sistemas inform\u00e1ticos mayores del Estado, entre ellos tambi\u00e9n el del Poder Judicial el cual maneja todos los archivos judiciales con informaci\u00f3n cr\u00edtica sobre los ciudadanos. Manipulados ellos pueden caer en manos del crimen organizado o simples mafias corruptivas de la actuaci\u00f3n del Estado.<\/p>\n\n\n\n Chile ha hecho un esfuerzo enorme para desarrollar un sistema normativo de ciberseguridad en los \u00faltimos 20 a\u00f1os. Pero muchos de sus \u00f3rganos no se han alineado con los valores y principios que esa normativa prescribe. Tal es el caso extremo del Poder judicial y su Corporaci\u00f3n Administrativa.<\/p>\n\n\n\n La Ley de Ciberseguridad vigente en el pa\u00eds sostiene en su primer art\u00edculo que \u201ctiene por objeto establecer la institucionalidad, los principios y la normativa general que permitan estructurar, regular y coordinar las acciones de ciberseguridad de los organismos del Estado y entre \u00e9stos y los particulares\u201d<\/em>. Y si bien el art\u00edculo 53 de ella acepta reg\u00edmenes especiales para instituciones como el Congreso Nacional, la Contralor\u00eda, el Banco Central y el mismo Poder Judicial, entre otros, indica que todos quedan obligados a \u201cadoptar las medidas de seguridad de sus redes y sistemas inform\u00e1ticos\u201d y a reportar incidentes de ciberseguridad, a coordinarse y a cooperar para las respuestas frente a ellos.<\/p>\n\n\n\n Chile es signatario del Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo de Europa (Convenio de Budapest) y miembro de pleno derecho desde 2016, que es el acuerdo internacional de uso m\u00e1s extendido para desarrollar la legislaci\u00f3n de combate al cibercrimen, algo que est\u00e1 hoy en primera l\u00ednea de la preocupaci\u00f3n de seguridad de nuestro pa\u00eds. Sin embargo, la legislaci\u00f3n chilena est\u00e1 fragmentada en diferentes organismos en materia de responsabilidad y uno de sus puntos cr\u00edticos es la carencia de seguridad inform\u00e1tica en el sistema judicial.<\/p>\n\n\n\n El caso de Curauma, y otros que se mencionan en el Inserto, y la vaguedad y falta de transparencia que contiene el tema debido a la postura prescindente de la Corte Suprema, obligar\u00edan al Congreso Nacional a tomar medidas legislativas en esa materia, sin perjuicio de la investigaci\u00f3n de los hechos denunciados por parte de las autoridades pertinentes.<\/p>\n\n\n\n El crimen organizado no es asalto callejero o simples bandas de narcotraficantes. Es una industria sofisticada del crimen, que debilita o perfora las instituciones financieras y econ\u00f3micas de un pa\u00eds de manera subrepticia y que tiene un alto poder econ\u00f3mico. Lo que empieza como un golpe de usura o una posici\u00f3n abusiva en un mercado puede terminar en un control mafioso de la institucionalidad de un pa\u00eds. Perfilar ese riesgo no puede pasar desapercibido para la prensa responsable.<\/p>\n