El fiscal Jaime Retamal, que investiga delitos de prevaricación contra el juez tributario Óscar Meriño, por un esquema de sobornos en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago–, posee un listado de poderosos estudios de abogados relacionados con el juez. (VER RECTIFICACIONES AL FINAL)
Mientras las esquirlas del caso Hermosilla aún no terminan de diseminarse en el mundo del poder, otro escándalo en Sanhattan comienza a emerger con ingredientes muy parecidos: abogados top, sobornos y clientes muy poderosos.
La punta de este iceberg empezó a asomar el pasado el 22 de noviembre, cuando personal de la PDI, por instrucciones del fiscal Jaime Retamal –de la Fiscalía Centro Norte–, allanó el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de Santiago, luego de que una exfuncionaria de ese juzgado denunciara la comisión de sobornos y cohecho en dicha entidad, dependiente del Ministerio de Hacienda.
Los detectives incautaron documentación, correos electrónicos y teléfonos, relativos al juez titular del tribunal, el abogado Óscar Meriño Maturana, así como de otros tres funcionarios. Al día siguiente, el 23, ante el Séptimo Juzgado de Garantía, Meriño otorgó poder y patrocinio a los abogados defensores Mario Vargas Cociña y Mauricio Garrido Sáez, en una causa que en el sistema web del Poder Judicial aparece caratulada como “Prevaricación judicial y administrativa”.
De acuerdo a lo indagado por El Mostrador entre distintas fuentes, el fiscal Retamal maneja un listado de al menos ocho estudios jurídicos que se especializan en temas tributarios o que poseen departamentos dedicados a esa materia y que son investigados debido a la denuncia, según la cual el juez Meriño pedía o presionaba a los abogados a contratar determinados informes con peritos contables de su exclusiva confianza, varios de ellos asociados al Centro de Estudios Fiscales (Cenfi) SpA, empresa de la cual el juez es socio, junto con el contador auditor Ramón Paillán.
Según fuentes conocedoras del caso, los nombres de los estudios que aparecen en la investigación fiscal son: Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU); Carey; Baraona*; Fuenzalida & Del Valle*; Fischer y Cía.; MBC abogados*; y Bofill, Escobar, Silva Abogados. *(Ver al final Nota de la Redacción)
De acuerdo con los antecedentes, el juez sugería usar los servicios de estos peritos contables que cobraban alrededor de $14 millones por ello. Si dicha “sugerencia” no era atendida, en varios casos se dictaba una “medida para mejor resolver”, en la cual se instruía la contratación de los peritos de confianza de Meriño. Uno de los temas que el fiscal debe despejar es si los abogados que forman parte del listado que indaga tenían conciencia del cohecho o no.
Cabe hacer hincapié en que el listado es incompleto, que no distingue entre estudios que serán citados como testigos y aquellos que estarían siendo investigados por ser parte del esquema.
Pese a ello, un abogado de la plaza –que pide reserva de su identidad– señala que “era secreto a voces… es la manera de pasarles plata encubierta a los jueces. Es una de las formas de cómo se corrompe el sistema, pero no es la única”.
Consultado al respecto el abogado tributarista Ricardo Escobar, socio de Bofill, Escobar, Silva Abogados, confirmó que él fue citado en calidad de testigo ante el fiscal Retamal, debido a que en el estudio en que se desempeña existe el caso de un cliente –indicó– en el cual se contrató a uno de los peritos acusados de formar parte del esquema de cohecho. Pese a ello, el exdirector del SII negó tener conocimiento de cualquier maniobra ilícita al respecto e informó que aportó una serie de antecedentes destinados al esclarecimiento del hecho. Escobar detalló a El Mostrador que la contratación del perito cuestionado no fue iniciativa de su estudio, sino que se vieron forzados a incluirlo en la causa, luego de que el magistrado lo ordenara por medio de una “medida para mejor resolver”.
Meriño, que poseía un alto perfil público, que incluía la realización de un programa por YouTube llamado “Tax show”, que iba ya en su tercera temporada, era además docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, en la cual –según informó Ciper– lo suspendieron, luego de que se conocieran los antecedentes al respecto.
Un abogado tributarista, que no está implicado en el caso pero conoce al juez Meriño, asegura que este en los últimos años había adquirido un alto perfil, desarrollando gustos caros y se le veía a menudo en El Golf 50 –el club privado que está en el corazón del poder en Sanhattan– con importantes abogados y empresarios.
Según averiguó El Mostrador, el fiscal Jaime Retamal está dedicado en forma casi exclusiva a esta causa y durante la semana, además de citar a declarar a varios abogados, ya interrogó también a los peritos que fueron puestos en duda, así como al señalado juez, quien estaría cooperando con la investigación, algo que causa mucho nerviosismo en varios de los estudios jurídicos más exclusivos de Chile.
*NOTA DE LA REDACCIÓN: Este artículo ha sido modificado con posterioridad a su publicación en virtud del derecho de rectificación del Art. 16 de la ley 19.733, solicitado por el estudio de abogados Larraín y Asociados Ltda; por el estudio Baraona y Cía Abogados; y por el estudio Baraona Marshall. Adicionalmente, los estudios Fuensalida & Del Valle Abogados y MBC abogados, presentaron aclaración. En los escritos, los estudios mencionados hacen presente que:
RECTIFICACIÓN 1– “Larraín Asociados no lleva ni ha llevado causas en el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago; no ha tramitado causas ante el juez Óscar Meriño; no ha contratado servicios al Centro de Estudios Fiscales”.
-“Adicionalmente hacemos presente que ni Larraín Asociados ni sus abogados han sido contactados por El Mostrador de manera previa a la publicación rectificada, ni han tenido participación en la causa señalada en la noticia, ni siquiera en calidad de testigos”.
RECTIFICACIÓN 2:: “En la nota publicada en la edición del día viernes 1° de diciembre de 2023 titulada “Coimas en Tribunal Tributario: investigan a poderosos estudios de abogados de Sanhattan”, se menciona entre los vinculados al caso al estudio “Baraona”.
Dicha alusión resulta equívoca pues existen dos estudios, distintos y completamente independientes entre sí: Baraona Marshall y Baraona y Cía.
Baraona y Cía Abogados no puede ser el aludido, pues no tiene ni ha tenido causa tributaria alguna ante ningún tribunal tributario de la República, inclusive el mencionado en la nota. Es más, las cuestiones de derecho tributario no son un área de práctica de nuestro estudio.
Por lo demás, nuestro estudio no tiene ni ha tenido relación alguna con el Centro de Estudios Fiscales (Cenfi) SpA.
RECTIFICACIÓN 3. “Baraona Marshall ha tramitado y tramita causas ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago como también ante todos los demás tribunales tributarios y aduaneros de Santiago y otros varios de regiones. En relación a lo señalado en el artículo, se deja expresa constancia que las causas que Baraona Marshall ha tramitado o que actualmente son tramitadas ante el Segundo Tribunal Tributario y Aduanero de Santiago, la firma no ha solicitado informes de peritos algunos tampoco en las causas que la firma ha patrocinado o patrocina ante dicho tribunal el juez ha ordenado la realización de peritajes ya sea como medio de prueba o como medida para mejor resolver. Finalmente en ninguna causa que la firma ha patrocinado o que patrocina actualmente ante cualquier tribunal tributario y aduanero de la república se ha designado como perito al contador auditor Ramón PaIllán o al Centro de Estudios Fiscales Spa.
A mayor abundamiento Baraona Marshall no ha contratado jamás los servicios del Centro de Estudios Fiscales Spa con ningún objeto. Se deja expresa constancia que El Mostrador no ha contactado a Baraona Marshall para efectos de la preparación del artículo.
Ninguno de los miembros de Barahora Marshall ha sido citado por autoridad alguna en la investigación señalada en el artículo bajo ninguna calidad.
ACLARACIÓN 4: Tras la publicación del presente artículo, Fuensalida & Del Valle Abogados aclaró que “no ha contratado servicios al Centro de Estudios Fiscales” así como tampoco requerido “informes periciales contables para ser utilizados en ningún Tribunal Tributario y Aduanero”. Asimismo, confirman que dicha oficina mantuvo una “causa de menor cuantía fallada por el 2° Tribunal Tributario y Aduanero, hace 5 años atrás”.
ACLARACIÓN 5: En el mismo tenor, MBC abogados solicita aclarar lo siguiente: “MBC Abogados no ha realizado ninguna reclamación ante el segundo Tribunal Tributario y Aduanero y que tampoco ha solicitado ningún peritaje tributario en algún Tribunal Tributario y Aduanero”.
ACLARACIÓN 6: El estudio de Abogados Carey aclara que: “Siempre ha actuado con estricto apego a la ley y a los más altos estándares éticos. No hemos contratado ninguno de los peritajes a los que se refiere el artículo y hasta la fecha no hemos sido citados a declarar”.
fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2023/12/01/coimas-en-tribunal-tributario-investigan-a-poderosos-estudios-de-abogados-de-sanhattan/
