La Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) es una institución al servicio de los tribunales de justicia, que administra los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial. Esta institución realizaría la compra fallida de los 22 autos de lujo marca Lexus por más de $1.200 millones, autorizada por el pleno de la Corte Suprema.
Cabe destacar que el director de la CAPJ, el Sr. Ricardo Guzmán Sanza, es el mismo que declaró tener un doctorado en una universidad belga, pero que se descubrió que no era auténtico tras un conflicto por acoso laboral.
Entre otras funciones, la CAPJ tiene bajo su gestión el Sistema de Distribución de Causas en tribunales, debiendo dar garantías de intangibilidad, veracidad y transparencia en dicho mecanismo de distribución de causas, basándose en algoritmos de asignación bajo criterios objetivos, los cuales hipotéticamente no pueden ser manipulados. Este es el corazón de la igualdad ante la ley en Chile, y apunta a prevenir que alguna de las partes en un litigio pueda elegir un tribunal de su conveniencia. Pues bien, el Sr. Guzmán Sanza, en su calidad de director de la CAPJ, reconoció expresamente que en los casos de las causas de la quiebra de Curauma y Latam debieron ser asignadas, según el algoritmo de distribución, al 6° y al 15° Juzgado Civil de Santiago, respectivamente. Sin embargo, ambas causas, vistas por el estudio de abogados Claro y Cía, fueron asignadas al 2° Juzgado Civil de Santiago.
La probabilidad conjunta de que ambos eventos independientes, en forma aleatoria fuesen asignados a un mismo tribunal en un momento determinado es 1,75 en mil, esto es, ¡sacar una carta deseada en una baraja de 571 cartas distintas! Las justificaciones posteriores son simplemente increíbles.
Volviendo a los autos de lujo, es interesante notar que la «justificación» para la compra de los autos de lujo fue debido a «antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental». ¿Cree usted eso?
En otros tiempos y circunstancias, la compra de autos de lujo habría pasado desapercibida, y no habría generado tanto revuelo, más allá de algunos justificados comentarios respecto del despilfarro de recursos, pero que no tienen mayor efecto. Pero ahora no es así. Porque aunque muchos actos cumplan con las formas establecidas en la normativa administrativa y legal, el escrutinio público no tolera los abusos de ningún tipo; menos en tiempos donde cada vez es más difícil esconder este tipo de actos.
