Durante 2023 salieron a la luz pública los casos de los empresarios Manuel Cruzat y Jorge Said en las causas de quiebra de Curauma y la Insolvencia Transnacional de Latam. En sus respectivos escritos, acusan una vulneración al sistema de asignación de causas civiles. Recientemente se sumó otro episodio de similares características. En los tres procesos, los querellantes apuntan al 2° Juzgado Civil de Santiago. En este último, incluso se lanzan contra un juez (s) de dicho tribunal por prevaricación.
Un nuevo capítulo sumaron recientemente las sospechas de sabotaje informático en el Poder Judicial (PJUD). En esta ocasión, dos inmobiliarias que se sintieron afectadas por resoluciones que les fueron adversas durante una quiebra, apuntan sus dardos contra el mismo objetivo: el 2° Juzgado Civil de Santiago. En esta instancia también suman a la jueza Inelie Durán Madina y al secretario de dicho tribunal, Víctor Bergamín Salinas, quien ofició en una resolución como subrogante.
Belinda Claudia Rojas Ruiz y Ángelo Fabricio Espina Rojas, representantes de las inmobiliarias implicadas en el caso, presentaron una querella en similares términos a la de los empresarios Manuel Cruzat Infante y Jorge Said Yarur, quienes —tal como reveló este medio— plantearon una vulneración al sistema automático de asignación de distribución de causas civiles, dependiente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ).
Al margen de los delitos informáticos, esta vez también acusan prevaricación de Víctor Bergamín, secretario del tribunal y que actuó como juez subrogante en una resolución que los despojó de un inmueble pese a que ellos no fueron parte del juicio, según reclaman.
TODOS SIEMPRE AL 2°
Quienes patrocinan la acción judicial son el exfiscal nacional Sabas Chahuán y Jesica Torres, los mismos abogados que impulsaron el caso respecto a la quiebra de Curauma y de la Insolvencia Transnacional de Latam. De hecho, los querellantes se acercaron a ellos una vez conocidos los primeros dos casos.
El caso de Curauma, de acuerdo a los parámetros informados en su momento por la CAPJ, debería haber recaído en el 6° Juzgado Civil de Santiago. En el caso de Latam, habría correspondido el 15° Juzgado Civil de Santiago. Y ahora, en este nuevo caso que afecta a las inmobiliarias querelladas, debería haber sido revisada por el 17° Juzgado Civil de Santiago. Sin embargo, todas llegaron al 2° Juzgado Civil capitalino, acusan.
“Este caso que se suma es mucho más notorio, porque el tribunal con menos causas al día que se distribuye era el 17° Juzgado, por lo tanto cabe la pregunta, ¿Por qué cae, supuestamente, en el 2°?. Y la respuesta es más insólita: deshabilitan el 17° Juzgado por tener una causa compleja. Entonces, ¿Quién toma la decisión? ¿Quién decide eso? Es decir, no existe un sistema realmente objetivo de distribución de causas, sino que realmente hay manipulación del sistema“, afirma la abogada Jesica Torres.
COMPRA Y PÉRDIDA
Los querellantes apuntan contra un proceso de quiebra en el que dicen sentirse perjudicados, pero del que ni siquiera fueron parte. En 2014, “Inmobiliaria e Inversiones Ángelo Fabricio Espina Rojas E.I.R.L” e “Inmobiliaria e Inversiones Belinda Claudia Rojas Ruiz E.I.R.L” compraron casas en Lo Barnechea a un valor de 9.000 UF a la “Inmobiliaria e Inversiones María Jesús Ltda.”
Esta última las había adquirido dos años antes, el 29 de junio de 2012, cumpliendo todas las formalidades, a la sociedad “Inmobiliaria Don Balta S.A”. El 26 de julio quedó inscrita en el respectivo Conservador de Bienes Raíces.
Sin embargo, Don Balta fue declarada en quiebra el mismo día de dicha compra, en junio 2012, cuyo proceso fue seguido por el 2° Juzgado Civil de Santiago. El síndico designado para esa quiebra, Ricardo Alid Aleuy, demandó el 11 de diciembre de 2012 a Inmobiliaria María Jesús para frenar la venta de 2012.
Por razones temporales obvias, en ese entonces no se consideró que los querellantes habían inscrito la propiedad en 2014. De forma posterior, tampoco se les incluyó en el juicio, por lo que nunca fueron notificados de ninguna resolución. Hasta ese entonces, los compradores de 2014 ocuparon la propiedad con la convicción de una compraventa válida. En tanto, en noviembre de 2016, el fallo determinó cancelar la inscripción del comprador de 2012, el que en la práctica le vendió a los querellantes.
EL FALLIDO RESCATE DEL CONSERVADOR
Un mes después de la resolución, el Conservador de Bienes Raíces de Santiago, para ejecutar lo resuelto, pidió aclarar sobre qué inscripciones debía procederse, advirtiendo que los dueños vigentes no habían sido parte del proceso.
El síndico Alid pidió en enero 2017 una aclaración para incorporar al proceso la última inscripción, que considera a los últimos propietarios de 2014. Ante eso, en abril 2017 el cuestionado 2° Juzgado Civil de Santiago determinó mediante una resolución cancelar las inscripciones de los propietarios que habían estado completamente ajenos al proceso.
De esta forma, los querellantes plantean que fueron despojados de su propiedad mediante una mera aclaración, a raíz de la resolución dictada por Víctor Bergamín, en su calidad de juez subrogante. Por esa razón es que apuntaron contra él por prevaricación.
Así las cosas, Alid insistió con la cancelación de las inscripciones ante el Conservador. Sin embargo, este último se negó mediante un informe enviado al tribunal el 14 de junio de 2017, pues consideró que los compradores eran “titulares del dominio que no han sido partes del juicio y no se ha ejercido en contra de ellas la acción reivindicatoria correspondiente”.
El sindico realizó una nueva presentación ante el 2° Juzgado para insistir en el punto, lo que fue aceptado por la jueza Inelie Durán Madina y que finalmente obligó al Conservador a cancelar las inscripciones de dominio en pugna.
La abogada querellante, Jesica Torres, subraya que “nuevamente es el 2° Juzgado Civil de Santiago el involucrado, y el que mediante una resolución abiertamente contraria a derecho priva del dominio a las personas mediante una situación que raya en una situación ilícita, de ahí que, además de fraude informático se suma una querella por prevaricación”.
También apunta a que en los tres casos, Curauma, Latam y este último, fueron en el mismo tribunal, “en donde se dictan resoluciones de dudosa legalidad. Esto no es coincidencia, mas bien es tendencia que amerita investigar qué es lo que está pasando con la Corporación Administrativa del Poder Judicial y el sistema de distribución de causas a su cargo”.
Consultados sobre el caso, desde la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) declinaron referirse al tema atendido que se trata de un proceso judicial en curso.
Fuente: https://www.biobiochile.cl/especial/bbcl-investiga/noticias/articulos/2024/03/07/nuevas-sospechas-de-sabotaje-informatico-en-el-pjud-acusan-a-tribunal-y-juez-s-por-prevaricacion.shtml
