Los empresarios acusan manipulación del sistema informático que asignó sus respectivas quiebras al mismo juzgado, pues según sus cálculos son altamente improbables, en términos estadísticos, los resultados de sorteos que terminaron perjudicándolos. Los datos los está analizando Cibercrimen de la PDI.
Han pasado casi diez años desde que el proyecto inmobiliario Curauma, del empresario Manuel Cruzat, fue declarado en quiebra por el 2° Juzgado Civil de Santiago. El caso ha tenido múltiples aristas, en vista que está en juego un terreno urbanizable de 535 hectáreas en la Región de Valparaíso. Van quince intentos de remate, todos fallidos.
La última movida de Cruzat fue una querella contra quienes resulten responsables por sabotaje informático del sistema automático de asignación de distribución de causas de la Corte de Apelaciones de Santiago. A la querella se sumó el accionista minoritario de LATAM, Jorge Said Yarur, siendo representado por el ex fiscal nacional, Sabas Chahuán, quien también acusa que su causa se vio perjudicada por las decisiones de ese juzgado.
Según los empresarios, la probabilidad de que ambas quiebras ingresaran al mismo tribunal es de 1,75 en 1000. A ello se suman diversos problemas con la gestión de la quiebra de Curauma, por la que Cruzat incluso recurrió a la Corte Interamericana de Justicia acusando al síndico de vender el terreno a menos del 10 % de su valor.
Durante seis meses, la Corporación no respondió a los correos de la PDI. El último correo enviado por la Brigada del Cibercrimen fue el 11 de septiembre pasado, dando un plazo de 48 horas para responder. No obstante, pasadas 72 horas, la CAPJ no dio respuesta. Por esos días Radio Bío Bío consultó a la Corporación por la denuncia, pero declinaron referirse al tema por tratarse de una investigación en curso.
Ahora bien, el pasado 28 de febrero la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones solicitó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ) “todos los datos técnicos referentes al sistema automático de asignación de distribución de causas”.
Sin embargo, durante seis meses, la Corporación no respondió a los correos de la PDI. El último correo enviado por la Brigada del Cibercrimen fue el 11 de septiembre pasado, dando un plazo de 48 horas para responder. No obstante, pasadas 72 horas, la CAPJ no dio respuesta. Por esos días Radio Bío Bío consultó a la Corporación por la denuncia, pero declinaron referirse al tema por tratarse de una investigación en curso.
Por ello, el fiscal a cargo, Jaime Retamal, solicitó al tribunal que se ordenara la entrega de los datos al director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, en plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de arresto.
El requerimiento fue aceptado el 15 de septiembre por el 7° Juzgado de Garantía, ordenando al director de la CAPJ la entrega de la información bajo apercibimiento de arresto, extendiendo el plazo a 72 horas.
El fiscal a cargo, Jaime Retamal, solicitó al tribunal que se ordenara la entrega de los datos al director de la CAPJ, Ricardo Guzmán Sanza, en plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de arresto.
Finalmente, tras seis meses la CAPJ hizo entrega de la información solicitada a la PDI, la que ya se encuentra analizando los datos para establecer si el sistema fue manipulado, según pudo corroborar Interferencia con fuentes relacionadas al caso.
Al respecto, fuentes que conocen el funcionamiento de la CAPJ comentaron a esta redacción que, si el algoritmo de asignación de causas fue manipulado, es probable que de ello quede registro en los datos entregados a la PDI. Por lo que, no debería ser difícil identificar a los potenciales culpables.
De todas formas, estas fuentes también señalan que, dado el funcionamiento de los tribunales y la cantidad de causas procesadas, la probabilidad de que las quiebras de Cruzat y Said hayan sido vistas en un mismo juzgado no es tan descabellada.
Fuente: https://interferencia.cl/articulos/tras-6-meses-poder-judicial-entrega-datos-del-sistema-de-asignacion-de-causas-la-pdi-ante
